Investigan el patrimonio cripto de Manuel Adorni con peritajes sobre direcciones de Bitcoin

Oct 3, 2026 | Cripto, Economía, Política

La economía digital y el universo de las criptomonedas volvieron a quedar en el centro de la escena política argentina a raíz de una serie de medidas ordenadas por la Justicia federal. En esta ocasión, la atención se centra en la investigación patrimonial que involucra al exfuncionario Manuel Adorni y a un conjunto de direcciones virtuales declaradas recientemente para justificar tenencias en moneda extranjera, específicamente casi u$s600.000 declarados como dinero en efectivo proveniente de ventas de activos.

El procedimiento técnico en Comodoro Py y la intervención de la PFA

Durante las últimas horas, la defensa del exjefe de Gabinete aportó las claves privadas correspondientes a ocho direcciones de Bitcoin en la sede de la Fiscalía Federal, en el marco de un procedimiento de verificación criptográfica. Ante este escenario, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la intervención del Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina para llevar adelante un detallado análisis técnico. El objetivo principal de esta investigación patrimonial consiste en determinar la trazabilidad de los 41 movimientos históricos registrados en la blockchain entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018.

Los desafíos técnicos del pasado y el análisis normativo

Los peritos informáticos deberán enfrentar complejos obstáculos debido al paso del tiempo. Entre los puntos analizados figuran el marco regulatorio vigente en aquel entonces, como el alcance de la Resolución UIF 300/2014, el rol de los proveedores de servicios y la posible utilización de soportes físicos o billeteras de autocustodia (incluyendo el análisis de las llamadas *paper wallets*). Asimismo, la justicia busca esclarecer si las operaciones analizadas responden efectivamente al control directo del exfuncionario o si existieron intermediarios en el proceso, diferenciando si se trató de cuentas bajo custodia de plataformas o de tenencias directas, un factor clave para cerrar esta etapa de la investigación patrimonial en los tribunales federales.

La autoría y el rastreo de direcciones IP

Otro de los capítulos más complejos encomendados a la PFA apunta directamente a la autoría de las operaciones y al rastro digital que pudieron haber dejado. El fiscal requirió examinar si la red Bitcoin o los servidores de billeteras livianas registraron las direcciones IP utilizadas durante el período investigado, evaluando la existencia de registros históricos en proveedores de internet. Asimismo, la pericia deberá dilucidar si las firmas criptográficas recientes demuestran un control exclusivo o si es posible determinar fehacientemente quién poseía el control real de los fondos hace más de ocho años.

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