La justicia federal argentina ha puesto la lupa sobre una serie de decisiones gubernamentales que involucran directamente a la cúpula del Ministerio de Economía. Recientemente, una presentación judicial realizada por el ciudadano Alejandro Sebastián Díaz Pascual solicitó que se investigue si Luis Caputo otorgó beneficios irregulares vinculados al negocio de la Hidrovía a una firma comercial relacionada con un exasesor político del oficialismo.
El eje de la controversia gira en torno a las autorizaciones exprés concedidas a Sanabria S.R.L., una empresa portuaria radicada en Puerto General San Martín que pasó por una reconversión llamativa en sus actividades operativas: originalmente funcionaba como una guardería náutica y luego modificó su perfil para prestar servicios navales, como la provisión de combustible diésel a remolcadores de barcazas. Según los planteos presentados ante los tribunales, la velocidad con la que esta compañía logró destrabar sus permisos estatales para operar en el río contrasta fuertemente con las demoras burocráticas habituales que denuncian otros actores del sector logístico y fluvial.
La mira puesta en el entramado societario y los funcionarios
El expediente judicial detalla la participación accionaria que adquirió la corporación Surlibre Inversiones S.A. —vinculada al empresario Fernando Cerimedo— dentro de la estructura de la prestataria de servicios náuticos. De acuerdo con los registros del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, dicha sociedad compró 150 de las 500 cuotas sociales, alcanzando un 30% del capital accionario de la firma en el transcurso de 2024.
La denuncia penal no solo apunta al titular del Palacio de Hacienda y a Cerimedo, sino también a Iñaki Arreseygor, quien asumió en mayo de 2024 al frente de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo dependiente del área portuaria vinculada a la cartera económica. Los letrados solicitantes pretenden dilucidar si existieron delitos tipificados como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes públicos o negociaciones incompatibles (contemplados en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal). Para ello, se requirió el secuestro de expedientes administrativos y la intervención de organismos de control como la SIGEN, la UIF, la Oficina Anticorrupción y la Prefectura Naval.
Asimismo, el escrito advierte sobre posibles contradicciones jurisdiccionales, señalando que desde la Municipalidad de Puerto General San Martín habrían indicado que Sanabria mantenía documentación pendiente a nivel local y que desconocían la participación societaria de Cerimedo, lo que añade interrogantes sobre los avales obtenidos a nivel nacional.
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