La situación patrimonial de Manuel Adorni atraviesa horas decisivas en el ámbito judicial, donde el exfuncionario debe responder a un riguroso requerimiento por inconsistencias detectadas en sus cuentas. La investigación patrimonial avanza luego de que un informe técnico preliminar advirtiera sobre un marcado desbalance entre los ingresos declarados por el grupo familiar y los gastos reales efectuados durante su gestión y los meses posteriores.
Las inconsistencias bajo la lupa de la Justicia y los plazos límite
El expediente, que recopila abundante documentación sobre operaciones financieras y movimientos de capital, señala que los egresos superaron holgadamente a las percepciones formales de dinero en pesos. Esta diferencia encendió las alarmas de los investigadores, quienes ahora esperan las respuestas formales del exintegrante del gabinete nacional para esclarecer el origen de los fondos.
El exfuncionario tiene tiempo hasta este miércoles para presentar su descargo ante el requerimiento de justificación patrimonial formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El plazo original, que había sido prorrogado por 15 días hábiles a pedido de la defensa y aceptado por el juez federal Ariel Lijo, llegó a su etapa definitiva permitiendo al imputado acceder a las 207 fojas del análisis elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).
Dólares, inmuebles y activos digitales
Además de las discrepancias en moneda local —donde se detectaron ingresos familiares por unos $229,7 millones frente a gastos por $272,8 millones entre diciembre de 2023 y junio de 2026—, la lupa se posó sobre importantes erogaciones en moneda extranjera. La fiscalía exige precisiones sobre la trazabilidad de unos u$s402.578 no explicados por los recursos declarados, destinados a operaciones inmobiliarias, refacciones y traslados.
Entre los puntos más complejos del requerimiento figuran los dólares en efectivo incorporados mediante rectificaciones y atribuidos a la venta de activos, además de los fondos utilizados para adquirir un lote en el country Indio Cua —incluyendo pagos en efectivo al contratista Matías Tabar por unos u$s245.000— y un departamento en el barrio porteño de Caballito vinculado patrimonialmente a su esposa, Bettina Angeletti.
El extenso cuestionario judicial abarca también la compra de una camioneta Jeep, préstamos declarados con familiares, consumos abonados a través de terceras personas y el origen de los fondos con los que dijo haber iniciado sus inversiones en criptoactivos, un área sobre la cual la Justicia requirió información directa a plataformas de activos virtuales.
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