La provincia de La Rioja decidió llevar a los estrados judiciales un conflicto de fuerte impacto fiscal al solicitar ser aceptada como querellante en una causa que investiga el supuesto desvío de más de un billón de pesos pertenecientes al fondo vial. De acuerdo con la presentación impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, una masa millonaria de recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) que tenía una afectación específica para la infraestructura de caminos habría terminado colocada en instrumentos financieros como plazos fijos y letras del Tesoro nacional, en lugar de destinarse a la obra pública.
La denuncia formal apunta de forma directa contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y diversos funcionarios nacionales vinculados con la administración de los recursos. Asimismo, la acción legal alcanza a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a los funcionarios del Banco de la Nación Argentina que hayan intervenido en las operaciones cuestionadas. Para el Estado provincial, la operatoria podría encuadrarse en figuras penales como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un esquema financiero bajo la lupa
El núcleo del reclamo judicial se sustenta en la documentación incorporada al expediente, la cual detalla que hacia finales de mayo había más de un billón de pesos de recursos del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. Según los balances presentados, durante los primeros dos años y medio de la actual gestión nacional se asignaron a este sistema alrededor de 1,5 billones de pesos, pero solo una fracción menor se tradujo en obras efectivas, registrando una subejecución que roza el setenta y cuatro por ciento.
Para el distrito cuyano, esta parálisis operativa obligó al Estado provincial a destinar fondos propios para sostener corredores clave. Un ejemplo de ello es la Ruta Nacional 76, un corredor estratégico para el oeste provincial y para la conexión internacional a través del Paso de Pircas Negras. Pese a que Vialidad Nacional dejó de renovar el convenio de transferencia operativa, la Provincia continuó financiando tareas de mantenimiento y absorbió costos que legalmente corresponden a la órbita federal, a lo que se suma la paralización de la pavimentación en el sector de la Quebrada de Santo Domingo y el evidente deterioro de las rutas nacionales 78, 79 y 141.
Impacto regional y reclamo de pruebas
La disputa económica no solo expone profundas diferencias políticas sobre la administración de los recursos públicos, sino que pone de relieve el deterioro operativo de rutas esenciales para el desarrollo regional y la integración comercial. La presentación ante la Justicia Federal exige medidas urgentes para resguardar la documentación contable y bancaria, incluyendo expedientes, correos electrónicos y registros desde enero de 2024.
De esta manera, el planteo busca reconstruir el circuito financiero que interconectó al Ministerio de Economía, al Banco Nación —en su rol de fiduciario— y a la Dirección Nacional de Vialidad, permitiendo que la Justicia determine si las colocaciones financieras constituyeron una administración transitoria de excedentes o un mecanismo permanente que desvirtuó los fines legales del fondo vial.
