La discusión en torno a la concesión aeroportuaria en la Argentina volvió a centrar la atención del mercado económico tras revelarse documentos oficiales que detallan las negociaciones entre el Gobierno y la empresa liderada por Eduardo Eurnekian. Lejos de ser un trámite administrativo corriente, el intento por extender la administración de treinta y cinco terminales aéreas hasta el año 2066 expone complejas tramas financieras, intereses cruzados y un apuro inusual por asegurar el negocio.
Las claves detrás del acuerdo
Según informes periodísticos recientes, las tratativas se canalizaron a través de una serie de actas reservadas firmadas originalmente por funcionarios que hoy enfrentan investigaciones judiciales por presunta corrupción. El argumento oficial para justificar semejante prórroga —cuando el contrato actual recién vencía en el horizonte del 2038 y cuenta con antecedentes de extensión vinculados a la pandemia— se ancla en los cambios normativos introducidos por la Ley de Bases. Sin embargo, los analistas económicos observan con lupa las discrepancias en torno a la Tasa Interna de Retorno (TIR) pretendida por el holding y la suspensión temporal de inversiones multimillonarias.
Detrás de este movimiento estratégico aparece la figura de Facundo Leal, expresidente del ORSNA que recientemente fue detenido e investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y causas por cohecho, lo que ha puesto bajo la lupa de la justicia a toda la plana mayor del organismo regulador. La premura de Eurnekian —quien fuera jefe de Javier Milei en Corporación América— también responde a un temor latente: si la AGN logra anular la prórroga previa otorgada durante la gestión de Alberto Fernández, el contrato original vencería anticipadamente en febrero de 2028.
Un esquema financiero circular
Otro de los puntos críticos de esta concesión aeroportuaria radica en el mecanismo del fondo fiduciario destinado a obras de infraestructura. Dicho fondo se alimenta directamente del canon que el concesionario debe abonar al Estado, recursos que luego retornan al mismo grupo empresario mediante la contratación directa de las obras. Este circuito económico pone en debate la verdadera rentabilidad obtenida por el sector público al ceder la operación de los cielos nacionales, un tema central para entender la dinámica de los grandes negocios regulados en el país.
Mientras tanto, la tensión se mantiene latente debido a que la empresa decidió congelar de forma temporal unos 600 millones de dólares en inversiones previstas hasta 2030 como medida de presión, a pesar de la obligación contractual existente. Con tres actas secretas emitidas entre septiembre de 2025 y junio de 2026 que evidencian idas y vueltas en la gestión oficial, el futuro de la administración de los aeropuertos argentinos continúa envuelto en un manto de sospechas judiciales y opacidad económica.
