La economía argentina no solo se mueve al ritmo de los vaivenes cambiarios donde el dólar cripto opera en torno a los 1.649 pesos para la compra y 1.656,28 pesos para la venta, sino que también sacude su tablero político con causas judiciales de alto impacto. En esta ocasión, la investigación cripto vinculada al polémico token $LIBRA promocionado por el Presidente volvió a tomar impulso luego de que un organismo especializado decidiera apelar los sobreseimientos dictados previamente.
Un giro en el expediente y la irrupción de la PIA
La intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, marca un punto de inflexión en el expediente judicial. El organismo especializado en delitos vinculados con funcionarios públicos asumió el impulso de la acción penal que había dejado de lado el fiscal Eduardo Taiano, quien previamente había solicitado los sobreseimientos que luego dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve acusados. El nuevo movimiento busca revertir el cierre de la causa, ya que para los fiscales la investigación cripto todavía guarda medidas cruciales pendientes que no pueden ser descartadas de forma anticipada antes de determinar si existió una eventual trama de corrupción, incluyendo la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Los puntos oscuros del negocio y las pruebas pendientes
Entre las principales objeciones planteadas para reactivar la pesquisa se destaca la necesidad de profundizar en la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones de los imputados, los movimientos de dinero relacionados con los hechos y la revisión de posibles acuerdos comerciales en torno al lanzamiento y derrumbe del token. Los expertos sostienen que las respuestas incompletas y las dificultades técnicas obtenidas en las diligencias iniciales no justifican dar vuelta la página ni evaluar los indicios de manera aislada. La presentación de la PIA respondió inicialmente a un planteo del CIPCE y del INECIP, dos organizaciones que intervienen como amicus curiae y que habían denunciado diversas irregularidades, como filtraciones de información sensible, la falta de escucha a las víctimas y restricciones para conocer los fundamentos de los dictámenes fiscales.
El futuro de la causa en los tribunales federales
Así, el futuro de esta investigación cripto dependerá ahora de la decisión que tome el magistrado interino en los tribunales federales, el juez Daniel Rafecas —quien subroga el Juzgado Federal N° 8 debido a la licencia de Martínez De Giorgi—. El magistrado deberá determinar si corresponde habilitar la intervención de la PIA y reabrir la investigación sobre el episodio del token. Si rechaza el planteo, quedará abierta la vía de la apelación subsidiaria para que la Cámara Federal analice el cierre del expediente, en paralelo con los recursos presentados por los damnificados que buscan recuperar su rol de querellantes, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre institucional.



