Desregulación empresaria: la IGJ implementa cambios de fondo sin esperar al Congreso

Sep 27, 2026 | Cripto, Economía

En medio de las tensiones políticas en el parlamento y la demora legislativa para aprobar el proyecto enviado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el Poder Ejecutivo decidió acelerar su agenda a través de los organismos de control. Ante este escenario, la Inspección General de Justicia (IGJ) puso en marcha una desregulación empresaria mediante la Resolución General 11/2026, que flexibiliza de manera notable los requisitos para abrir y operar compañías en el país sin esperar los tiempos del debate parlamentario.

Nuevas facilidades operativas y societarias

La flamante normativa de la IGJ introduce modificaciones sustanciales que reducen los tiempos y los costos administrativos. Florencia Galante, directora de GEM (Global Entity Management) en TMF Group, señaló que uno de los cambios más significativos es la eliminación del dictamen de precalificación profesional obligatorio para la constitución de sociedades, permitiendo que los controles estatales se realicen de manera posterior (*ex post*) a la inscripción. Asimismo, se habilita la utilización de domicilios electrónicos y se moderniza el concepto del objeto social.

Esta resolución flexibiliza considerablemente el tratamiento del objeto social, ya que las firmas podrán incluir una o más categorías de actividades sin necesidad de demostrar conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas. Esta mayor flexibilidad corporativa era un viejo reclamo del sector privado para evitar costosas modificaciones estatutarias cada vez que una empresa decidía diversificar su negocio. Particularmente para las Sociedades Anónimas Simples (SAS), se vuelve a admitir la realización de «cualquier actividad lícita».

Criptoactivos y tensiones en el Congreso

Otro de los aspectos más innovadores de la normativa es la posibilidad legal de integrar capital social mediante criptoactivos, adaptando el marco normativo argentino a las nuevas tendencias financieras globales bajo la premisa de la licitud.

Tanto la nueva resolución como el proyecto de reforma de la Ley 19.550, enviado en junio al Senado, comparten el objetivo común de reducir el control preventivo del Estado sobre la organización interna de las sociedades y ampliar la libertad de los particulares para definir cómo estructuran sus negocios. No obstante, el estancamiento de la iniciativa original —que lleva cuatro meses sin fecha de tratamiento— refleja las fricciones políticas en torno a la figura de Sturzenegger.

El ministro ha quedado en el centro de las discusiones este año debido a su autonomía para avanzar con propuestas de desregulación que han generado debates dentro del propio oficialismo. Cuestiones previas vinculadas a iniciativas del funcionario impulsaron la creación de una Mesa Política para evitar que propuestas complejas avancen sin el consenso de los legisladores, lo que explica la cautela y los retrasos legislativos actuales que motivaron esta vía administrativa.

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