En el cambiante ecosistema financiero actual, donde instrumentos como el dólar cripto marcan el pulso de las operaciones digitales en el mercado local, la causa cripto LIBRA llegó a un punto de inflexión decisivo que sacudió la agenda económica y política del país. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento definitivo del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de los otros nueve investigados en el expediente que indagaba el polémico lanzamiento del token.
Las pruebas digitales bajo la lupa judicial
La investigación se había centrado en desentramar los movimientos financieros y tecnológicos posteriores a la viralización de la criptomoneda. Entre los elementos analizados figuraban el contenido extraído del teléfono celular del trader Mauricio Novelli, registros de cajas de seguridad bancarias y el rastreo detallado de billeteras virtuales. Los denunciantes sostenían que la promoción presidencial —realizada mediante una publicación en la red social X el 14 de febrero de 2025— había servido como gancho para atraer a más de 40.000 inversores minoristas, facilitando una maniobra donde se habrían extraído unos 100 millones de dólares tras el desplome abrupto del activo digital.
Por qué el juez consideró insuficientes los elementos
Sin embargo, el magistrado concluyó que los elementos recolectados por los peritos, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelencuencia (UFECI) y la Policía Federal no lograban probar la existencia de un pacto criminal ni de sobornos dirigidos a funcionarios del Gobierno. Documentos hallados con supuestos borradores de acuerdos —como una nota en inglés que mencionaba un entendimiento conversado con una letra «H» y una propuesta de Kelsier Group— carecían de firmas, de aceptación formal o de constancias de haber sido remitidos a terceros. Del mismo modo, los allanamientos a las cajas de seguridad vinculadas a la familia de Novelli en el Banco Galicia arrojaron resultados negativos porque se encontraban vacías.
El rol de la promoción y la falta de dolo
En su resolución dictada el 23 de octubre, el juez remarcó que la mera secuencia temporal entre la difusión del proyecto en redes sociales y la posterior caída en la cotización del token —que pasó de cotizar cerca de u$s0,01 a rozar los u$s5 antes de derrumbarse— no alcanzó para configurar penalmente una estafa deliberada. Si bien el magistrado reconoció que la intervención presidencial le otorgó una visibilidad particular al activo, distinguió jurídicamente entre promocionar una iniciativa y engañar con dolo a los ahorristas. De este modo, al no haberse acreditado un engaño concreto, pagos ilegales ni un nexo delictivo, el expediente quedó prácticamente cerrado para todos los imputados.



