La agenda económica del Gobierno nacional suma un nuevo capítulo con el avance de la privatización vial en distintas regiones del país, una estrategia orientada a traspasar la administración y el mantenimiento de la infraestructura terrestre al sector privado. Mediante la oficialización de la tercera etapa de la red federal de concesiones, la administración libertaria concretó la entrega de casi cuatro mil kilómetros de caminos estratégicos, alcanzando un total superior a los nueve mil kilómetros bajo este esquema de gestión.
Inversión privada y tramos estratégicos
Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, destacaron que los tramos seleccionados concentran cerca del 80% del tráfico vehicular nacional y recibirán aportes financieros 100% privados. La medida busca garantizar mejores condiciones de circulación y mayor eficiencia operativa sin depender de las arcas públicas, asegurando que las trazas estarán en obra a partir de fin de septiembre. Entre los ocho tramos adjudicados de la Etapa III se encuentran el corredor Centro (con las rutas nacionales 9, 19 y 34 en Santa Fe y Córdoba), el Mesopotámico (RN 12 y 18 en Entre Ríos), el Centro Norte (RN 34 en Santa Fe y Santiago del Estero) y el Noroeste (RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero). A estos se suman el Litoral (RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco), el Noreste (RN 12 y 105 en Misiones y Corrientes) y el corredor Chaco–Santa Fe (RN 11).
Tensiones políticas y rechazo de los gobernadores
Sin embargo, este proceso de privatización vial no está exento de rispideces con los gobernadores del interior. Un ejemplo claro fue la postura del mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, quien expresó su profunda preocupación ante la pretensión de instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12. En un contexto económico complejo, el mandatario calificó de inaceptable imponer una traba adicional a quienes trabajan, comercian y producen en la región. En paralelo, provincias como Río Negro reclaman el control de las rutas nacionales 151 y 22, alertando que la Nación dilata los trámites, mientras que otros distritos como San Luis, Santa Fe y San Juan ya han recibido traspasos previos.
Reclamos judiciales y futuros desafíos
En paralelo a los anuncios oficiales, diversos tribunales federales comenzaron a exigir respuestas urgentes al Estado nacional por el profundo deterioro de los corredores viales. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, ordenó la inmediata reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe ante el evidente incumplimiento de los deberes de mantenimiento. Asimismo, una jueza de Salta exigió informes sobre la siniestralidad vial en la Ruta Nacional 34 a raíz de un amparo judicial. Estos planteos demuestran que el estado de las vías constituye uno de los frentes más complejos en la relación Nación-provincias, donde el éxito de la privatización vial dependerá tanto de la ejecución de las obras como de la pacificación del vínculo con los mandatarios provinciales.
